jueves, 27 de octubre de 2011

La calidad de vida del venezolano: sinónimo de inconsistencia entre lo económico y lo social

En 1992 Arturo Uslar Pietri destacó: “La riqueza súbita, mal distribuida, hizo perder el rumbo a la sociedad venezolana, se le ha enseñado a desdeñar al trabajo por el maná, a pensar en términos de magia y no de contabilidad, a perder la noción de los precios, de los costos y del equilibrio económico”. 

La calidad de vida comprende las condiciones deseadas por una persona con relación a ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Analizar cada uno por separado sería un largo trabajo, por lo cual es necesario sintetizarlos en cifras y hechos que reflejan la realidad venezolana.

El siglo XX significó para Venezuela un extraordinario avance en materia de desarrollo social y económico, la producción del petróleo permitió el inicio de la transformación de un país rural a un país urbano y moderno, las migraciones hacia las grandes ciudades, aceleraron la construcción de infraestructuras y de los servicios básicos necesarios.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, Venezuela traía desde 1950 un acelerado ritmo en su desarrollo económico que lo colocaba a la cabeza de América Latina. Se vislumbraba entonces un paraíso gracias al poder que daba el petróleo como riqueza. A partir de los años setenta y ochenta la economía comenzó a estancarse y se inició un proceso de recesión que arrastró al país a una crisis en lo social y político.

A finales de la década del 90, las cifras en cuanto a la calidad de vida del venezolano mostraban una perspectiva nada deseable para una sociedad que depositó sus esperanzas en los inmensos recursos económicos que poseía. En un país desarrollado como Suiza la clase media alcanzaba al 70% del total de la población, mientras que en Venezuela se situaba en solo un 11%.  Además, la deuda externa de Venezuela alcanzaba a 30.000 millones de dólares y la interna a 4.500 millones de dólares, a su vez la inflación, el más notable de los indicadores de la calidad de vida, ascendía a un 30%. Todo este escenario ocurrió con un barril de petróleo a 7 dólares, acompañado por un conjunto de experimentos basados en políticas populistas y rentistas que llevaron al país a caer vertiginosamente después de haberse encaminado en la vía del desarrollo.

Si la recesión económica producto de la caída de los precios del petróleo y la política de invertir el mayor esfuerzo en la producción petrolera fueron las principales causas del declive de la calidad de vida del venezolano en la década de los noventa, entonces, cómo se explica que luego de trece años, con un barril de petróleo a 109 dólares, es decir 1557% de incremento en su valor,  Venezuela mantiene aún la inflación más alta de Latinoamérica (30% en el 2010), una moneda devaluada y un nivel de pobreza cada día en ascenso.

Las condiciones económicas debido al exorbitante incremento de los ingresos petroleros están dadas para que se subsane la deficiente calidad de vida del venezolano, un derecho que por Ley y naturaleza de un Estado se merecen los ciudadanos.  Estudios recientes que muestran cifras desalentadoras permiten concluir que Venezuela está aún lejos de alcanzar mejores condiciones socioeconómicas para sus ciudadanos.

El gobierno actual en su intento por introducir su modelo político, duplicó y sobrepasó el gasto público en una década, pasando de 1.200.000 empleados públicos a 2.500.000, lo cual permite inferir tal como lo afirma el economista argentino, Jorge Ahumada que “No es la burocracia lo que impide el desarrollo, sino es la falta de desarrollo lo que crea la burocracia”.

Otro aspecto resaltante para el venezolano es la baja de calidad de los servicios tanto en el sector público como en el privado, junto a  una oferta de productos bastante disminuida y en muchos casos inexistente, lo cual conlleva a la especulación desmedida. El valor de la canasta básica (6.391 Bsf para Enero del 2011) y el sueldo mínimo establecido para el mes de Septiembre del 2011 (1.548 Bsf), reflejan otro aspecto negativo en cuanto a la capacidad de satisfacer las necesidades básicas el venezolano.

Investigaciones realizadas por el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) indican que para el 2012 se visualiza una pérdida de un 40% en la capacidad adquisitiva, caída de ingresos fiscales por concepto de impuestos por el cierre permanente de empresas, fuga de capitales debido al constante ataque del gobierno hacia la empresa privada, así como una balanza de pagos negativa.  Además estos estudios señalan que el venezolano invierte un 96% de su salario en alimentos y servicios, entonces cabe  preguntarse ¿Cuánto queda del salario para ahorrar, invertir, estudiar o disfrutar en entretenimiento y desarrollo personal?

Finalmente, el empobrecimiento general de toda la población es evidente, la economía informal en creciente aumento y la violencia como fenómeno de la pobreza, se suma a la deficiente y carente oferta de servicios públicos, la colapsada salud pública, la educación totalmente desnivelada y nuestro potencial humano poco competitivo con respecto a otras economías de América Latina y el mundo. El panorama para el 2012 no resulta prometedor, de acuerdo con cifras del Ministro de Planificación y Finanzas durante la presentación del Presupuesto 2012, se prevé una inflación de 22% y un crecimiento económico de tan solo un 3%, cifras poco alentadoras si partimos de la premisa que el  crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo social.

 Resolver la incongruencia de un incremento sustancial de los ingresos petroleros (1557% en los últimos 13 años) frente a una caída vertiginosa en la calidad de vida del venezolano, resulta una difícil tarea para quienes deseen emprender el camino de trazar y desarrollar políticas públicas que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas del venezolano.

Maná: Alimento que Dios envió al pueblo de Israel a modo de escarcha que descendía del cielo para que se alimentara durante la travesía.

lunes, 10 de octubre de 2011

La inseguridad en Venezuela, reflejo de una sociedad en crisis (II parte)



Todos los diagnósticos indican que la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los venezolanos, así lo reflejan diversas encuestas y las noticias que día a día se publican en los medios de comunicación.  Las repercusiones de este problema social en Venezuela van más allá de cifras y hechos que marcan la vida de los familiares, amigos y población en general que sienten impotencia ante la incapacidad de un Estado que esgrime razones políticas para evadir su responsabilidad ante tales hechos. 

El éxito o fracaso de una política se mide por sus resultados, lo que en el caso de la inseguridad se puede evaluar por la cantidad de homicidios en los últimos años. El Observatorio Venezolano de la Violencia contabilizó 16.047 homicidios ocurridos durante el 2008 y una encuesta de victimización difundida por el Instituto Nacional de Estadística, durante el 2009 registró 19.133 homicidios en el país, para el 2010 estos números aumentaron a 22.340 homicidios. Estos datos se pueden interpretar de manera simple, cada 27 minutos murió un venezolano como consecuencia de la inseguridad, lo cual refleja la falta de eficacia en el cumplimiento de los propósitos de estas políticas pues no se ha logrado disminuir estos indicadores.

Otra variable a considerar por parte del Estado es que de acuerdo con datos del Ministerio Público aproximadamente 6.885 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron denunciados por su presunta responsabilidad en los homicidios y ajusticiamientos de 7.243 personas entre enero del 2000 y noviembre del 2007. Solamente 412 efectivos se encuentran cumpliendo condena. Estas cifras evidencian una problemática de violaciones a los derechos humanos, denotando impunidad y ausencia de un Estado comprometido con el resguardo de estos derechos fundamentales.

Además, al alto índice de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, se le suma la ya mencionada ineficiencia del Poder Judicial y el déficit de fiscales en el Ministerio Público, lo cual contribuye a que los casos queden impunes y desmotiven a los ciudadanos cuya única esperanza está en lograr la justicia que el Estado debe brindarle obligatoriamente.

En vista de la impunidad el ciudadano se convierte en un ser desanimado e incrédulo de todo cuanto el Estado pretenda hacer para justificar su incompetencia, en este caso la mayoría opta por no denunciar o simplemente como ha ocurrido en algunos casos, toma la justicia por sus propias manos.

Ante este panorama desolador al venezolano le corresponde convertirse en un actor protagonista del preocupante problema de la inseguridad ciudadana, a través de la participación en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas, muchas de ellas a través de las denuncias, el trabajo en equipo con las comunidades, el diseño de mecanismos de prevención así como también la exigencia al Estado a través de la protesta pacífica y fundamentalmente por medio del valioso mecanismo que brinda la democracia para recompensar o castigar a sus gobernantes: el voto.

 El derecho a la vida y a la integridad personal forma parte de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que “No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”.

Como se ha visualizado, el problema presenta múltiples características que lo hacen difícil y exigente a la hora de diseñar las políticas de seguridad ciudadana, las cuales deberán ir de la mano de un programa de acción social y de un compromiso del Estado que trascienda a los gobiernos de turno y las particularidades de sus gobernantes ya que este fenómeno no considera raza, religión ni afinidad política a la hora de plasmar su huella. Las metas para que Venezuela reduzca los niveles de inseguridad y se enrumbe hacía vías de desarrollo no son imposible de alcanzar, basta con dar el primer paso y convocar a todos los actores de la sociedad para una cruzada única que brinde la tranquilidad que todos los ciudadanos se merecen.