lunes, 29 de octubre de 2012

La Transparencia en las políticas públicas: un criterio que debe ser abordado en su diseño, implementación y evaluación




Resumen: El buen funcionamiento de las democracias en el mundo depende en gran medida de la libre circulación de información, es por ello que las naciones reconocen esta realidad y despliegan normativas y herramientas que permitan impulsar dicha información como un mecanismo de rendición de cuentas para favorecer una mayor participación de los ciudadanos, prevenir el mal uso de los recursos públicos y cumplir con el principio de transparencia en la gestión del Estado. En este contexto surge el control social como una figura para favorecer la revisión y buen uso de los fondos públicos. Así mismo un gobierno transparente permite a sus ciudadanos estar al tanto de los resultados de su gestión, brindándoles la oportunidad de evaluarlos e involucrarse en el diseño de sus políticas públicas, lo cual genera confianza y consolida su legitimidad ante la sociedad.

Palabras claves: Información, transparencia, políticas públicas, participación ciudadana, control social.

Abstract: The proper functioning of democracies in the world depends largely on the free flow of information, which is why nations recognize this reality and deploy standards and tools to promote this information as an accountability mechanism to encourage greater participation of citizens, prevent the misuse of public resources and comply with the principle of transparency in the management of the State. In this context social control emerges as a figure to facilitate the review and good use of public funds. Likewise transparent government allows citizens to be aware of the results of his administration, providing them the opportunity to evaluate and engage in public policy design, which builds trust and strengthens its legitimacy in society.

Keywords: Information, transparency, public policy, citizen participation, social control.


Introducción:

El estudio de las políticas públicas ha trascendido más allá de la simple solución de problemas públicos. El desarrollo humano e industrial, sumado al tecnológico, ha impulsado un nuevo esquema para el avance de las políticas que deben implementar los gobiernos en su misión de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Estos gobiernos tienen un reto enorme ya que no es posible solucionar la vasta cantidad de problemas ni complacer a todos los actores sociales debido a la complejidad y amplitud de dichos problemas.

La insatisfacción creciente de los ciudadanos ante la incapacidad del Estado, sumado al sentimiento de indefensión de la población frente a un aparato burocrático renuente a rendir cuentas, ha propiciado una serie de cambios que han conllevado a un acercamiento entre los gobernantes y sus gobernados a través del diseño de una relación Estado – Sociedad que se adapta a las realidades y necesidades. La consolidación y profundización de los procesos democráticos, la descentralización y la redefinición del papel del Estado en materia del diseño e implementación de las políticas públicas, ha contribuido a mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y a legitimar sus autoridades.

La promoción de la participación ciudadana va más allá de un simple enunciado constitucional o normativo, pues debe propiciar la creación de mecanismos que permitan al ciudadano o comunidad organizada involucrarse efectivamente en la solución de sus problemas, ello requiere el desarrollo de herramientas prácticas y sencillas que coadyuven a que esta participación pase de un plano aparente a un plano real, y así los actores se sientan plenamente identificados con las instituciones y gobiernos responsables de la coordinación del proceso mediante el cual la sociedad adquirirá un rol protagónico en la construcción de ciudadanía y la consolidación de la transparencia.

El principio de transparencia en la gestión pública busca frenar el avance de la corrupción, la cual representa un flagelo social que desgasta la capacidad del Estado para solventar las necesidades de sus habitantes y contribuye a generar desconfianza e inercia al quebrantar la voluntad de los ciudadanos para participar de manera positiva en la transformación de la relación Estado – Sociedad.

El reto para el Estado consiste en continuar con la transformación de sus instituciones para convertirlas en componentes más efectivos a la hora de asumir su responsabilidad en la solución de los problemas públicos y en acoplarse a las realidades y exigencias actuales. La sociedad también tiene el deber de exigir mayor compromiso de su gobierno, mayor eficacia y eficiencia de sus instituciones, pero a la vez está obligada a asumir su co-responsabilidad a través del impulso de la participación ciudadana como mecanismo que le permita ser participe en la búsqueda de soluciones.


La Transparencia como principio en la gestión pública

El buen funcionamiento de las democracias en el mundo globalizado depende en gran medida de la libre circulación de información, por eso las naciones desarrolladas del mundo reconocen esta realidad y despliegan normativas y mecanismos que permitan alcanzar su fin. La información, tanto aquella en poder del Estado como la que atañe a empresas privadas que suministran servicios públicos, impulsa una mejor rendición de cuentas y favorece una mayor participación de los ciudadanos en la vida pública, además resulta una herramienta crítica en la lucha contra la corrupción y la malversación de los fondos públicos al permitir a los ciudadanos conocer el uso de los recursos. De igual forma hay que resaltar que las leyes de acceso a la información pueden a su vez contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos, ya que les habilitan para conocer sobre temas de salud pública, educación, vivienda y otros servicios públicos necesarios para el bienestar de la sociedad.

El Informe del Banco Mundial del 2010 establece con respecto a los países en desarrollo: 

El Estado es un mundo en constante transformación donde se hace necesaria la implementación de innovaciones en los diferentes poderes públicos sobre la base de una doble estrategia: en una primera instancia una estrategia de acomodo de las funciones del Estado a su capacidad efectiva, con el objeto de concentrar sus capacidades en las funciones que puede y debe realizar, dejando a un lado otros objetivos que, en otro caso, no puede realizar satisfactoriamente y que suponen una dispersión de recursos y, en una segunda instancia, una estrategia de reforzamiento del Estado, mediante la revitalización de las instituciones públicas a través del diseño de reglas y controles efectivos que sirvan para combatir la corrupción generalizada y también para someter a las instituciones del gobierno a una mayor competencia que las obligue a mejorar su desempeño. Entra en juego el principio de transparencia como mecanismo para que los gobiernos sean más responsables  frente a las necesidades de los ciudadanos a través del incremento de la participación y la descentralización. (p. 16).

Como se refleja en el informe, la transparencia en una pieza clave como incentivo para mejorar el desenvolvimiento de la gestión pública y por ende de las funciones del Estado. Mejores normas y controles más eficaces, mayor competencia inter e intragubernamental  y más extensa y comprometida participación ciudadana, permitirán mejorar su capacidad para cumplir sus funciones y renovar su legitimidad para con la sociedad.

Así mismo, los funcionarios públicos deben comprender que ellos están al mismo nivel que el resto de los ciudadanos y que al asumir un cargo estarán sometidos al escrutinio público y la constante supervisión ya que administran los impuestos. De esta forma deben contribuir a la consolidación de sistemas que permitan transformar las normas y prácticas de transparencia en pro de una gestión medible y un uso adecuado de los recursos financieros.

Al respecto Bautista (2001) señala que “estos funcionarios públicos deben tener la vocación de servicio que les permita desarrollar la paciencia, la constancia, la coherencia, el ánimo para continuar, a pesar de las dificultades del diálogo, en una sociedad que no está acostumbrada ni educada en el diálogo”.  El funcionario está en el deber de constituirse en un líder responsable que apoye las dinámicas de información y de transparencia como elementos fundamentales para una buena administración pública.

El origen de la transparencia como principio en la gestión pública  se remonta al año 1994 en el Reino Unido cuando el Primer Ministro Jhon Major estableció el comité que debería estudiar y analizar la creación de los estándares de la vida pública. Las razones que motivaron la formación de este comité vienen a raíz de escándalos económicos y políticos en los cuales se encontraban involucrados funcionarios del gobierno. Este Comité examinaría las pautas de la conducta ética que deberían poseer las personas nombradas para un cargo público y hacer las recomendaciones necesarias para asegurar los más altos patrones de conducta pública. Dicho Comité también recibió la denominación de Comité Nolan en honor a su presidente: Lord Patrick Nolan.

Seis meses después de su creación, el Comité Nolan presentó y publicó en mayo de 1995 un documento trascendente referido a las Normas de Conducta en la Vida Pública. Este instrumento contiene un Código Ético basado en siete principios básicos

1.        Desinterés
2.        Integridad
3.        Objetividad
4.        Responsabilidad
6.        Humildad
7.        Liderazgo

En cuanto a la transparencia, este código de ética establece para los funcionarios que ocupan cargos públicos como premisa, el deber de obrar de la forma más abierta posible, tanto en las decisiones que tomen y en las acciones que realicen. De esta manera justificar sus decisiones y limitar la información sólo en el caso de que esto sea lo más necesario para el interés público.

No obstante, la inserción de la transparencia como un principio en la gestión pública no es un argumento fácil y rápido de aplicar. La transparencia no se implementa por si misma, deben existir condiciones y voluntad política para que se desarrollen los mecanismos prácticos que hagan realidad esta norma. Según Schedler (2004) las medidas a tomar para el desarrollo de la transparencia deben incluir tres niveles: provisión de la información que debe de tener el público sobre los actos del gobierno y sobre los partidos políticos en general (por ejemplo sobre su financiamiento), justificación de las decisiones tomadas de ellos y de los servidores públicos (por ejemplo sobre gestión en las distintas áreas); y finalmente sanciones a los funcionarios en caso de mala conducta.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la transparencia entra a jugar un papel primordial en la gestión pública y en los nuevos procesos gerenciales. El aumento de las necesidades en la sociedad, mayores problemas por atender y la presencia de un presupuesto no acorde o deficitario para su atención, exigen una mayor efectividad en la solución de estos problemas y de una mayor interacción Estado-Sociedad que permita el desarrollo de mecanismos e instrumentos de transparencia y legitimización de la gobernabilidad democrática.


La Transparencia como herramienta de control social

Para que un gobierno sea efectivo es necesario revisar las instituciones y procesos que determinan cómo se ejerce el poder, cómo los ciudadanos tienen participación en los asuntos públicos y si las decisiones corresponden a un interés general y no a un particular. Tales premisas hacen imperante que existan las instituciones dentro de un marco democrático, que propicien y resalten sus virtudes a través de principios de transparencia, rendición de cuentas y participación.

La administración pública en los actuales momentos de globalización enfrenta una serie de retos para lograr que los gobiernos sean mas competitivos en un marco regulatorio de eficiencia, de forma tal que les permita reducir la carga que se genera a través de un exceso normativo y de trámites burocráticos. De igual forma mantener su legitimidad le impone la necesidad de crear, transformar y adecuar sus estructuras y procedimientos a las nuevas realidades y exigencias de la sociedad moderna.

En este sentido la información de las entidades públicas debe estar claramente definida en su contenido y alcance para poder estandarizar su diseño y procesamiento, lo cual evitaría que dichas entidades estén sometidas a demandas de información cuya atención sea impracticable, salgan del marco de lo razonable o que requieran de procesos muy costosos para satisfacer demandas aisladas y poco significativas desde la perspectiva ciudadana. Por lo tanto, se hace imperativo que los principios de eficiencia y eficacia se hagan cada vez más imprescindibles en los programas, proyectos y gestión de los gobiernos a fin de evitar que las ineficiencias causadas se trasladen en costos innecesarios a los ciudadanos.

Con el fin de prevenir el mal uso de los recursos públicos y cumplir con el principio de transparencia en la gestión pública, surge el control social como una figura de participación ciudadana en la revisión y buen uso de los recursos públicos. Por control social Tamayo (2006) define “el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. El control social aparece en todas las sociedades como un medio de fortalecimiento y supervivencia del grupo” (p. 32). Este control se puede vislumbrar a través de la imposición de normas, leyes y conductas que tienen que ser internalizadas por los miembros de una sociedad, en este caso los gobiernos deben asumir las normas como un deber con la sociedad que los eligió y les brindó la confianza para llevar los asuntos públicos y resolver las diferentes problemáticas sociales.

Una de las condiciones para que se establezca el control social es la disponibilidad de información sobre los asuntos públicos. La información ha sido considerada como un bien público que tiene por finalidad enfrentar las desigualdades sociales, legitimar a los gobiernos, apuntalar la gobernabilidad y fortalecer el principio de transparencia. De acuerdo a lo expresado por Fuenmayor (2004) este afirma que:

El derecho a la información del ciudadano tiene una connotación trascendental cuando el objeto de dicha información son los asuntos públicos del Estado, que en esencia tiene una incidencia inmediata en dichos ciudadanos. En la medida que los asuntos públicos se resuelven en beneficio de las mayorías, en esa medida los gobernantes estarán cumpliendo de manera correcta el mandato popular. En tal sentido la mejor forma de auditar a los gobernantes de manera permanente su gestión pública es a través del libre acceso a la información pública, ello obliga a admitir como premisa fundamental, que cada ciudadano es propietario de una cuota del patrimonio público. (p. 16).

Estas normas de comportamiento social o de control de los asuntos públicos buscan en buena medida combatir la corrupción, uno de los flagelos más peligrosos en el desempeño de la función pública y que deslegitima a quienes cumplen ese rol. La corrupción como fenómeno social, que implica el mal uso del poder para lograr un beneficio personal, ha sido objeto de estudios y análisis a lo largo de los últimos años en especial en los países en desarrollo los cuales cuentan con estructuras políticas y organizacionales que permiten la facilidad y fluidez que estos hechos ocurran, muchas veces sin el conocimiento de la sociedad.

            De acuerdo a lo expresado por Andargoña (2006) se afirma que:
 
La corrupción es un grave problema económico, social, político y moral, especialmente en muchos países emergentes, que afecta de manera especial a las empresas, sobre todo en las transacciones internacionales, tanto comerciales como financieras o tecnológicas. Sus efectos en la desligitimización de las democracias, atenta contra el buen uso de los escasos recursos públicos disponibles para la solución de numerosas necesidades sociales. (p. 15).

El 31 de Octubre del 2003 se produce en la ciudad de Nueva York (EEUU) la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual tiene por finalidad la lucha y la prevención en contra del fenómeno de la corrupción. Este instrumento jurídico internacional pretende ser una herramienta amplia, comprensiva y efectiva para que los países integrantes de esta asociación puedan desarrollar planes y programas que les permitan enfrentar las diferentes modalidades y prácticas de la corrupción. Dicha iniciativa destaca la importancia de llevar a cabo actividades que permitan recuperar la confianza y pulcritud en el manejo de los fondos públicos.

Para el 29 de marzo de 1996 se adopta en la ciudad de Caracas, Venezuela, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el cual se destaca como el instrumento jurídico de carácter internacional de más años de data en la lucha contra la corrupción. La misma cuenta con un componente denominado Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) el cual tiene por objeto darle cumplimiento a los compromisos adquiridos por los estados que hacen parte de la Convención y analizar cómo están siendo puestos en práctica. Este mecanismo emite informes de evaluación para cada país que haya firmado el acuerdo.

            El interés puesto de manifiesto por los Estados en la firma de convenios de cooperación en la lucha contra la corrupción, denota la importancia que se le brinda al combate de este flagelo social. Las continuas prácticas desleales que buscan sustraer fondos públicos a pesar de los controles impuestos por los gobiernos, ponen en entredicho la capacidad de las autoridades para enfrentar las nuevas e innovadoras formas de corrupción.

            El acceso a la información por parte de los ciudadanos es una acción de poco costo para los gobiernos y que además brinda una sensación de seguridad y confiabilidad en las acciones gubernamentales. A medida que los países implementan normativas para el acceso a la información se vuelve mas claro que esta juega un papel primordial como elemento de la libertad de expresión. La desigualdad en el acceso a la información es destacada por Sen citado por Acevedo (2006) como una forma de pobreza: “Sin conocimiento  uno no puede actuar y sin información es casi imposible exhortar a la inclusión y la igualdad. Por lo tanto, el acceso a la información es un derecho propositivo que sirve a nuestro anhelo común de la igualdad social, política y económica”. Se trata entonces de un derecho socioeconómico, muy similar al derecho a la vivienda, la educación y la atención a la salud, el cual sirve para frenar la continuada discriminación, desigualdad y la corrupción.

            La aparición de organizaciones, redes o agencias que promuevan y vigilen el cumplimiento de este precepto es necesario para la consecución de este objetivo, no basta tan solo con la presión de una sociedad que reclama mas rendición de cuenta y transparencia en los asuntos públicos. Las auditorías externas, comisiones reguladoras y agencias anti-corrupción por citar algunas, son primordiales en una sociedad democrática para el resguardo de sus intereses y derechos.

            De igual forma el acceso a la información, la consulta, y la participación activa de la sociedad en la elaboración de las políticas favorece la transparencia y permite legitimar la gobernabilidad democrática. A más rendición de cuenta y revisión constante de la gestión pública, el principio de transparencia despunta como un mecanismo que permite generar confianza en los ciudadanos y oxigenar a una administración pública alicaída y amenazada constantemente por el flagelo de la corrupción así como atiborrada de dudas acerca de su capacidad para resolver los problemas públicos.

A raíz de estas realidades, el acceso a la información promovida por los gobiernos y las normas de control social implementadas por las sociedades, tienen un objetivo definido  que busca legitimar las democracias y reducir los altos niveles a corrupción en sus entes públicos. Muchos gobiernos han emprendido iniciativas a favor de la transparencia pública como mecanismo contra la corrupción. Aún así, las medidas adoptadas buscan reducir los niveles de corrupción y desarrollar herramientas sencillas que permitan ahondar y reforzar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones así como optimizar el uso de los recursos en procura de mejorar el bienestar y calidad de vida.


La Transparencia y el ciclo de las políticas públicas

Para el fortalecimiento de la democracia es indispensable promover el derecho de acceso a la información, facilitar los controles ciudadanos y la fiscalización a la administración pública.  Un gobierno transparente y abierto al escrutinio público permite a sus ciudadanos estar al tanto de su desempeño en forma clara, evaluar sus resultados e involucrarse en el diseño de sus políticas, lo que generará el control de la sociedad sobre las actividades de sus autoridades.

La modernización de las instituciones y de la sociedad en América Latina ha estado marcada con las políticas públicas, el predominio de regímenes dictatoriales de carácter militar ejerció una influencia incuestionable, colocando al Estado como el principal y único actor en lo que se refería a los asuntos públicos. Durante este proceso de modernización, el control de la gestión pública fue tarea reservada para la figura de una auditoría interna. La legalidad del acto contralor estaba sujeta al ejercicio de gobierno del Ejecutivo propiamente dicho y al ejercicio de fiscalización del Poder Legislativo. La ausencia de criterios universales, técnicos, participativos y transparentes, incentivaron la aparición de la corrupción como flagelo característico en la gestión pública latinoamericana. 

Salamanca (2003) expresa que “La calidad de los gobiernos se remite a la calidad de sus decisiones y éstas tienen que ver con la eficiencia y la efectividad de las políticas las cuales deben estar en la capacidad de articular los elementos técnicos con los elementos políticos de la decisión”. Dichos elementos engloban diferentes actores y estrategias que conllevan a mejorar el horizonte de participación como herramienta de legitimización del Estado ante la sociedad.

Las diferentes definiciones sobre el concepto de políticas públicas expresan una relación Estado-Sociedad en la cual los intereses convergen en la solución de una problemática que afecta a los ciudadanos y que requiere de la activación de un proceso propiciado por el Estado en el cual diferentes actores deberán impulsar soluciones y mecanismos de control, seguimiento y evaluación.

El diseño de estos mecanismos que permitan la solución de la problemática pública no es un procedimiento o receta de fácil manejo para una sociedad acostumbrada al tratamiento de los asuntos públicos principalmente por parte de los gobiernos. La participación ciudadana como modelo democrático, debe ir más allá del simple acto de elegir a los gobernantes y de propiciar un accionar que permita desarrollar capacidades para influir en las decisiones. No debe ser simplemente un derecho consagrado en las normativas, también debe ser analizado como un mecanismo de transformación de la relación que debe existir en un Estado democrático cuyo deber ineludible para con la sociedad, exige equidad, eficiencia y eficacia.

Kelly (2003) en su trabajo sobre las Políticas Públicas en América Latina, establece como una de las trabas más comunes en el diseño e implementación de las políticas públicas en América Latina el fenómeno de la corrupción, hecho que es referente en muchas partes del mundo pero significativamente en naciones en vías de desarrollo que presentan un sistema y organización de sus instituciones públicas que las hace permeables al flagelo de la corrupción.

Al respecto Mascareño (2003) refiere que: 

Alrededor de una política siempre existirán unos intereses, generalmente distintos y desiguales, cuya participación se presume favorable e la efectividad de la política, toda vez que la no exclusión y la invitación a intervenir en ella, debe ser uno de los criterios de funcionamiento de una sociedad pluralista y participativa que alimenta la gobernabilidad democrática. Las políticas públicas requieren, tanto la legitimidad como de recursos para su implementación. Muchas veces una dosis de legitimidad, es decir, incorporar democráticamente a la sociedad en una política, hace el éxito de ella pese a sus fallas de eficiencia. (p. 37)

Sin embargo, se sabe de las dificultades que tienen las personas para participar, para asumir su responsabilidad exigiendo cuentas a sus gobernantes y las limitaciones de éstos para rendir cuentas a sus gobernados. En tal sentido Mascareño (2003) destaca que: “muchas de las dificultades presentadas tienen que ver con la capacidad del sistema institucional para adaptarse a las exigencias de participación de la población y facilitar, respetando su autonomía, la intervención de la misma en los asuntos públicos”. Muchas veces la gente quiere participar y el Estado quiere que participe, pero nadie sabe cómo hacerlo, es un problema tanto de política pública como de cultura política en la cual se deben hacer esfuerzos en conjunto.

Ahora bien, poner en práctica cualquier política pública conlleva involucrarse en un proceso complejo y difícil hasta para los más experimentados debido a muchos factores que convergen en torno a los diferentes pasos o caminos a seguir hasta su puesta en práctica y evaluación. El entorno político, los recursos disponibles y el desarrollo de las instituciones involucradas, definen muchas de las políticas públicas, es por ello que las herramientas propuestas no son una guía única sino una de tantas sendas en las cuales se puede analizar la transparencia en cada una de las fases de las políticas públicas.

A continuación se analizará el ciclo de las políticas públicas propuesto por Kelly (2003) el cual muestra los mecanismos o pasos a seguir para el tratamiento de una política pública y en que se harán las recomendaciones para la inserción de herramientas de transparencia.

En la identificación del problema, se pueden describir mecanismos elementales de transparencia. La nueva concepción de investigar la problemática pública mediante un trabajo científico y de planificación que permita anteponerse a la aparición o gravedad en los mismos, difiere de las modalidades pasadas en las cuales los problemas se identificaban debido a una denuncia pública, un hecho notorio o por reclamos de las comunidades. Estas nuevas y novísimas herramientas de planificación e investigación requieren ante todo la participación de las comunidades. La organización junto a los afectados o posibles afligidos por un problema público, es primordial en la consecución de metas de efectividad en la administración pública. Para ello se hace necesario reflejar elementos  tales como la información, por cualquier medio, a las comunidades para que presenten sus necesidades en proyectos o planes debidamente elaborados. De igual forma en este trabajo científico de detección de la problemática, se hace imperante la participación de la colectividad como actores corresponsables en esta nueva concepción del Estado. Este esfuerzo mancomunado permite cumplir con el principio de transparencia ya que en la planificación local se trabaja de manera conjunta gobierno – comunidad y por ende los ciudadanos están al tanto de los trabajos o proyectos a realizar.

Una vez realizada la planificación y el trabajo científico de identificar el problema se procede a desarrollar uno de los indicadores del terreno ganado por la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas como lo es la conformación de la agenda. Obviamente el contexto político y los criterios de desarrollo condicionan la agenda, pero su orientación general es decisiva cuando se trata de los resultados. La reconfirmación de la importancia de los actores locales en la conformación de la agenda requiere organización de las comunidades, destreza y astucia para despejar una serie de trabas impuestas por los gobernantes y otros actores políticos. Inicialmente los actores se plantean como impulsores de reivindicaciones dirigidas exclusivamente hacia el Estado, luego transitan hacia gestores de la vida local hasta llegar a la participación de la sociedad como elemento innovador.

            La agenda tal como lo expresa Kingdon citado por Kelly (2003): “Es la lista de problemas a los cuales los funcionarios gubernamentales y las personas fuera del gobierno, estrechamente asociadas con esos funcionarios, prestan gran atención en un momento dado”. En esta lista de problemas que serán objeto de análisis y discusión política, la transparencia resalta como una herramienta que permite destacar las prioridades y voluntad política de los gobernantes en la solución de los problemas públicos.

Para la conformación de la agenda se hace necesaria la implementación de mecanismos de información pública en los cuales se destaquen las prioridades de los gobiernos tomando como base una planificación o plan de desarrollo que permita desarrollar conciencia y pertenencia a los ciudadanos. El mejoramiento de campañas informativas de índole educativo promueve una mayor aceptación por parte de la sociedad acerca de los problemas que serán debatidos en la agenda del gobernante. De igual forma la mayor propensión de las comunidades a participar en la toma de decisiones, crea un clima de transparencia acerca de los intereses que entran en juego en esta fase del ciclo de las políticas públicas.

La toma de decisión es factor clave en el proceso de inserción de la transparencia como principio y guía para el servidor público. Aunque es bien sabido que la toma de decisiones tiene al final de cualquier proceso un carácter político, los nuevos enfoques destacan la participación de diversos actores que propician o estimulan esta función. Establecer criterios universales para la toma de decisión resulta infructuoso ya que juegan alrededor de esta una serie de factores subjetivos y racionales. Destaca en esta fase la necesidad de contar con redes sociales, páginas web así como otros medios que permitan mantener informada a la sociedad sobre el proceso de la toma de decisiones, medida que genera confianza y legitimidad en las instituciones y gobernantes.

En cuanto al diseño de la política pública es recomendable mantener informada a la sociedad sobre los montos de los proyectos, fases de ejecución, recursos utilizados así como cualquier otra información necesaria e importante en esta etapa. Aunque este paso se considera técnico por los aspectos que engloba, la divulgación en diferentes medios permite la constante supervisión y seguimiento por parte de los ciudadanos y motiva su participación en los asuntos públicos.

La legislación en cuanto a las políticas públicas es una función que compete a los órganos legislativos en los diferentes niveles de gobierno. La importancia de esta fase reside en la aprobación, recomendación o negación de la política desarrollada por el ejecutivo. Varias fórmulas pueden aplicarse para desarrollar la transparencia en el trabajo de los legisladores, diputados o senadores quienes tienen que desarrollar mecanismos que permitan la participación así como mantener informada a la sociedad que reclama medidas que le permita recuperar la confianza en las instituciones y actividades públicas.

En la fase de desarrollo de la política pública, la implementación se desarrolla desde el comienzo de los trabajos o proyectos hasta su culminación. Durante este proceso de ejecución es necesario resaltar la importancia de desarrollar mecanismos para mantener informados a los ciudadanos. El cronograma de ejecución, función o propósito de la obra o medida así como las herramientas que permitan un control o seguimiento, deben estar disponibles a fin de evaluar de forma íntegra, el cumplimiento de las metas y objetivos antes propuestos y velar por el fiel uso de los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

La evaluación viene a convertirse en un factor crítico e imperante en la participación ciudadana como política en la nueva gestión pública. Los beneficios que brinda la participación de los ciudadanos como coevaluador de los asuntos públicos, brindan transparencia y confianza a la hora de valorar las diferentes políticas implementadas. La práctica mas común para que el ciudadano participe en la evaluación de una política puede definirse con el acceso a la información de la obra, proyecto o trabajo a ejecutarse. Si es el caso de un programa a implementar en una comunidad, valdría la pena un esfuerzo del gobierno municipal, regional o nacional para proporcionar una guía o herramienta a los voceros de la comunidad a fin de que supervisen y sean celosos de la ejecución de los trabajos o política a desarrollar.

            En fin son múltiples y variados los mecanismos y herramientas que los gobiernos pueden promover en normativas legales para la aplicación de criterios o pautas que describan la transparencia en cada uno de los pasos o facetas de una política pública. Adecuarlos o adaptarlos a la realidad de cada nivel de gobierno depende tan solo de la voluntad de sus gobernantes, y de la capacidad  y presión de la sociedad en pleno uso de un derecho. La puesta en práctica de herramientas de transparencia en las políticas públicas es una necesidad imperante en momentos en los cuales la desconfianza y desaprobación de las instituciones estadales requiere un cambio profundo a fin de transformar, recuperar y fortalecer la imagen de las políticas públicas como mecanismo que permitirá a las naciones desarrollarse bajo un esquema transparente y de legitimidad democrática.

Los pasos o vías a seguir en el diseño e implementación de una política pública pueden ser caracterizados como se muestra en el cuadro 1, el cual busca introducir parámetros o herramientas de transparencia que puedan ser adoptados por los gobiernos a fin de cumplir este principio en la gestión pública. Dichas herramientas son la conjunción de procedimientos establecidos en reglamentaciones y normativas provenientes de diferentes instancias en Latinoamérica y que pueden ser complementadas por mecanismos o iniciativas en los gobiernos o en las sociedades siempre y cuando cumplan los preceptos de la transparencia.

Cuadro 1
Cuadro de herramientas de transparencia a desarrollar en las fases del
ciclo de las políticas públicas
Pasos
Mecanismos a implementar
Observaciones

Identificación del problema

·    Investigación de campo con las comunidades sobre las problemáticas de su sector.
·    Impulsar charlas formativas a las comunidades a fin de promover su participación en la identificación de sus problemas.
·    Creación de equipos mixtos con los gobiernos municipales y las comunidades para la detección de problemas claves.
·    Desarrollo de plataformas web para la participación de las comunidades en talleres u otras actividades de reclamo.


-        El desarrollo de estos mecanismos y actividades puede acoplarse a las realidades geográficas y sociales de las comunidades.
-        En los sectores rurales se recomienda un contacto más directo con las comunidades y aprovechar el uso de la radio u otros medios de comunicación.


Pasos
Mecanismos a implementar
Observaciones

Agenda

·    Participación integral de las comunidades en la conformación de la agenda. Incidir en la toma de decisión.
·    Plataforma web que permita informar sobre el desarrollo para el análisis de los problemas a resolver.
·    Divulgación en medios de comunicación.


Formulación / Diseño

·     Participación de la comunidad beneficiada en la supervisión del proyecto, programa o actividad a realizar.
·     Divulgación en los medios de comunicación.
·     Desarrollo de plataformas que permitan hacer seguimiento al diseño de la política.

-        Considerar aportes que pueda realizar la comunidad.




Legislación

·    Participación de las comunidades en cabildos abiertos, reuniones de trabajo.
·    Apertura de los Consejos Legislativos a la discusión de los proyectos y programas a implementar.
·    Divulgación a través de los medios de comunicación.
·    Desarrollo de plataformas web que permitan interactuar y opinar sobre los planes a realizar.



Implementación

·    Participación de las comunidades para la supervisión del desarrollo de la política.
·    Divulgación constante de información sobre el desarrollo del proyecto o programa en ejecución.


-        Publicación del cronograma de ejecución.

Pasos
Mecanismos a implementar
Observaciones
Evaluación
·    Creación de equipos mixtos comunidad – gobierno para la supervisión de los proyectos y programas.
·    Desarrollo de plataformas web que permitan a las comunidades una evaluación de las políticas.
·    Impulso de campañas informativas a través de los medios de comunicación.
·    Rendición de cuenta por parte de las autoridades al finalizar el proyecto o programa.

-         Mecanismo que permita hacer seguimiento al uso de los recursos.
Elaboración propia.

Conclusión

La transformación durante las últimas décadas de la relación Estado – Sociedad ha permitido el desarrollo de nuevos instrumentos técnicos y normativos para mejorar sustancialmente la capacidad de los gobiernos en resolver los crecientes y difíciles problemas públicos y en incentivar la participación como un mecanismo para recuperar la confianza de los ciudadanos, así como consolidar su legitimidad dentro de un marco democrático.

Redefinir y revitalizar el papel del Estado a través de los nuevos mecanismos de interrelación, ha propiciado desde mediados de los años setenta, cambios estructurales y funcionales a través de la transferencia del poder a instancias regionales y locales. De igual manera estos cambios han conllevado a revisar y explorar una aproximación más real del Estado al actor fundamental dentro de este esquema como lo es el ciudadano.

El control social como mecanismo para legitimar y fiscalizar a los gobiernos debe ser un instrumento capaz de cumplir sus funciones dentro de un marco de transparencia que les permita acceder a la información clave y necesaria para calificar los aspectos positivos y negativos de sus gobiernos. Cumplir con esta premisa incidirá en que los gobiernos e instituciones mejoren sustancialmente sus capacidades e iniciativas y se acoplen a las nuevas y arduas exigencias de una sociedad cuyas exigencias aumentan gradualmente. 

Un reflejo del cambio en las reglas del juego ha sido la aparición de la transparencia como principio en la gestión pública y como herramienta que les permita a las sociedades un mejor control social de sus gobiernos, así como poder asumir la capacidad de acceder a información clave para cristalizar su papel de fiscalizador de las políticas públicas. El perfeccionamiento  de mecanismos tales como los enunciados en el cuadro 1 para la inserción de la transparencia en las políticas públicas, no debe quedar meramente en los allí expuestos, los mismos sirven de referencia y deben ser mejorados a través de mesas de trabajo en conjunto con las comunidades, escuchando sus argumentos y recomendaciones. Así mismo el desarrollo de planes de formación en las instituciones encargadas de desarrollar políticas debe orientarse a implementar mecanismos reales y efectivos de transparencia que destaquen instrumentos factibles y medibles de participación ciudadana.

Acoplar las normativas e instrumentos presentes a las exigencias de transparencia, es una ardua tarea para los gobernantes y autoridades que deseen optimizar los mecanismos de participación ciudadana existentes, a través del estudio de iniciativas nacidas en las comunidades, en las universidades y gremios. Así mismo las investigaciones y estudios referentes al tema, deben incidir positivamente en mejorar los resultados de las políticas públicas y por ende solucionar en forma eficaz y eficiente los diferentes problemas públicos que aquejan a las sociedades.

De igual forma, el continuo desarrollo y transformación del Estado para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad, debe incidir en la aplicación de los criterios que deben tomarse en cuenta para el estudio y enfoque de las políticas públicas. Además de los habituales criterios de eficacia, eficiencia y equidad, debe asumirse la transparencia como un cuarto elemento ineludible e importante en el diseño e implementación de las políticas públicas. De esta manera se reducirá la desconfianza que tiene la sociedad en sus instituciones y se logrará crear las condiciones esenciales para el desarrollo de los pueblos y la legitimización de los gobiernos democráticos.


Bibliografía

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